Con frecuencia, políticos y periodistas emplean en sus declaraciones y noticias términos como «PIGA». Se sobrentiende que la sociedad conoce su significado, e incluso sus implicaciones y consecuencias. Lo primero es dudoso, lo segundo, aún más. «PIGA» son las siglas de Proyectos de Interés General de Aragón, una figura que se creó para facilitar los trámites de aquellas iniciativas que se prejuzgan como prioritarias o estratégicas en la comunidad autónoma.
Los proyectos que se acogen a esta declaración suelen afectar a varios municipios o, si se radican en un único término municipal, su magnitud económica y medioambiental trasciende a dicho ámbito. Es el caso de grandes equipamientos e infraestructuras industriales, de servicios y de ocio. La figura de PIGA estaba prevista como un recurso excepcional, sin embargo, se están convirtiendo en un lugar común, lo cual genera una lógica controversia.
Piensen, por ejemplo, en macroproyectos de energías renovables. Se acogen a la calificación de «interés general», aunque en realidad se lleven la electricidad fuera de Aragón y sean propiedad de fondos de inversión extranjeros que buscan su rentabilidad por encima de las prioridades y necesidades de nuestra sociedad. En otras palabras, y en estos casos, son proyectos de gran interés para unas pocas empresas y muy pequeño para los territorios donde se implantan.
En efecto, la consideración de una de estas inversiones como «PIGA» implica que un consistorio deje de cobrar tributos y tasas, como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) o el pago de la popular licencia de obras. Si analizamos dos casos actualmente en tramitación para ser declarados PIGA, se entenderá mucho mejor.
El primero es el Proyecto Catalina, una central de hidrogeno con un gaseoducto hasta Caspe y siete parques eólicos y seis fotovoltaicos repartidos en trece pueblos. Según el promotor supone una inversión de unos 2.000 millones de euros. Calculando el 4% habitual, se traduce en que se dejará de ingresar alrededor de 80 millones en concepto del ICIO. La exención de la licencia urbanística, que suele ser, la más reducida, del 1%, supondrá una pérdida de 20 millones. En definitiva, los ayuntamientos de Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Foz Calanda, Los Olmos, Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Cañizar, Castel de Cabra, Estercuel y Torre de Arcas dejarán de percibir alrededor de cien millones de euros.
Otro proyecto que está en vías de obtener la calificación de PIGA es el denominado «Turboleta», una fábrica de biogás y combustible de aviación «verde» en Teruel que requiere del consumo de gas natural e ingentes cantidades de agua. A esta planta se suman dos centrales eólicas de 29 aerogeneradores, una central fotovoltaica de 200 hectáreas y seis macroplantas de biometano en Alfambra, Caspe, Tauste, Alcolea de Cinca, Peñalba y Zaidín, con el consiguiente hedor aparejado a esta producción. El total de ingresos que perderían los ayuntamientos de Teruel, El Pobo, Cedrillas, Formiche, Celadas y Corbalán se cifra en unos 40 millones en el ICIO y 10 millones en la tasa de licencia urbanística, considerando el coste, que según la empresa serían más de 1.000 millones.
El Gobierno de Aragón, según explicaban fuentes del Ejecutivo hace unos días, percibe estas pérdidas de recursos públicos de manera muy distinta. Entiende que el ICIO se cobra en concepto de supervisión y preparación de las obras, que en este caso un ayuntamiento no asume porque lo hace directamente el Gobierno, y habla de beneficios indirectos por la implantación de las empresas a las que se les concede el PIGA. Sin embargo, consistorios que ya han experimentado esta «lógica», como Villanueva de Gállego a propósito de un centro de datos, no están nada de acuerdo con dicho planteamiento.
Desde esta Plataforma siempre hemos defendido que el dinero no compensa las pérdidas que los macroproyectos causan al paisaje, al territorio y a las actividades económicas ya existentes, pero es el colmo que se implanten sin aportar lo que se cobraría a cualquier otra empresa o sin que paguen lo que abonan los vecinos cuando construyen una vivienda. Si se llevan a efecto proyectos como Catalina o Turboleta, los ayuntamientos y sus vecinos sufrirán una pérdida de ingresos millonaria y, a cambio, los promotores habilitarán cuatro acciones calificadas de «sociales» sin más valor que el de limpiar su imagen.
Esta es la verdadera cara de la «transición justa». Al expolio de Aragón solo le faltaba la fórmula del PIGA, que debería ser excepcional, para dejar sin la mínima compensación a los pueblos y ciudades que sufrirán las consecuencias, pues no debe olvidarse que estos proyectos conllevan consumos de agua, suelo y generación de molestias cotidianas que se mantendrán mientras funcionen. El interés general de Aragón debería favorecer a su población y no a las multinacionales o fondos de inversión que solo buscan la rentabilidad económica. La pregunta es por qué se anteponen a las necesidades de los pueblos.
Javier Oquendo e Ivo Inigo
Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y Colectivo Sollavientos
